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Es bien conocida la costumbre, ya antigua en nuestro ámbito político más alto -si es que tiene alguna altura ese ambiente-, de que a los ministros del Gobierno de España que han dejado de serlo se les premie y condecore por el Gobierno que les sucede tras las inevitables elecciones, generalmente con la gran cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III -llamada por eso, en afortunada frase del gran periodista Antonio Burgos, la cruz de los caídos-; o, de haber sido condecorados ya con ella anteriormente, con la gran cruz de otra Orden del mismo elevado rango.

Al mismo tiempo, los secretarios de estado y subsecretarios solían ser distinguidos con la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica, y los directores generales y otros altos cargos, con la gran cruz de la Orden del Mérito Civil.

Por cierto, el Gobierno presidido desde 2012 por don Mariano Rajoy Brey, si bien condecoró con la gran cruz de Carlos III a los ministros socialistas salientes, en cambio no observó esta otra parte de la costumbre de condecorar a los altos cargos que les seguían en rango, ocasionando así algunos enfados, pero sobre todo una anomalía política y premial, y un agravio comparativo que, por ahora, se mantienen.

No así respecto de los secretarios de estado y subsecretarios del último Gobierno del centro-derecha, a quienes el gabinete presidido hoy por don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha distinguido según aquella costumbre, con una generosidad digna de encomio. El Boletín Oficial del Estadoha publicado varios reales decretos fechados el 7 de septiembre último, agraciando con la gran cruz de la Orden del Mérito Civil a don Rubén Fausto Moreno Palanques, don Roberto Bermúdez de Castro Mur, doña María González Pico, don José María Jover Gómez-Ferrer, don David Villaverde Page, doña Irene Garrido Valenzuela, doña María Luisa Poncela García, doña Carmen Vela Olmo, don Alfredo González Panizo Tamargo, don Mario Garcés Sanagustín, doña María Jesús Fraile Fabra, don Marcial Marín Hellín, don Fernando Benzo Sáinz, don José Ramón Lete Lasa, don José Canal Muñoz, don Tomás Burgos Gallego, don Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti, don Pedro Llorente Cachorro, don Daniel Navia Simón, don José María Lassalle Ruiz, doña Matilde Pastora Asían González, don Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade, doña María García Rodríguez, don Jaime Haddad Sánchez de Cueto, don Agustín Conde Bajén, don Arturo Romaní Sancho, don José Enrique Fernández de Moya Romero, don Alberto Nadal Belda, doña Elena Collado Martínez, don Felipe Martínez Rico, don José Antonio Nieto Ballesteros, don Luis Aguilera Ruiz, don Julio Gómez-Pomar Rodríguez, doña Rosana Navarro Heras, don José Luis Ayllón Manso, doña Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán, doña Eva Valle Maestro, doña Carmen Martínez Castro, doña María Rosario Pablos López, don Ildefonso Castro López, don Jorge Toledo Albiñana, don Fernando García Casas, doña Beatriz Larrotcha Palma, doña Carmen Sánchez-Cortés Martín, don Eugenio López Álvarez y doña Áurea María Roldán Martín.

Pero ahora acabamos de asistir a otra anomalía premial muy notable, que sin duda merece que le dediquemos algunas líneas.

Como es públicamente conocido, por primera vez en los casi cuarenta años de democracia en España el Congreso de los Diputados reprobó a un ministro. Fue en octubre de 2016 -en comisión, no en pleno-, y tocó en suerte al ya entonces ministro del Interior en funciones, don Jorge Fernández Díaz. Posteriormente, el 16 de mayo de 2016, el pleno de la misma Cámara parlamentaria reprobó a don Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia, y al fiscal general del Estado don José Manuel Maza, fallecido poco después. En junio del mismo año, fue reprobado también el secretario de Estado de Interior, don José Antonio Nieto -que, sin embargo, acabamos de decir que ha sido ahora condecorado-.

Y el 29 de junio de 2017, el pleno del Congreso de los Diputados reprobó a don Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

Pocos meses después, el 24 de octubre de 2017, el pleno parlamentario reprobó a don Alfonso Dastis Quecedo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y a don Juan Ignacio Zoido Álvarez, ministro del Interior. Y al primero volvió a reprobarle el Congreso de los Diputados en sesión plenaria de 6 de noviembre de 2017, gozando así del dudoso honor de ser el único ministro que en democracia ha merecido dos reprobaciones parlamentarias.

Posteriormente, todo el Gobierno presidido por don Mariano Rajoy Brey, fue censurado por el mismo Congreso de los Diputados en sesión del 1º de junio de 2018, lo que provocó su destitución ipso iure, en aplicación de las normas contenidas en la Constitución Española de 1978.

Y, sin embargo de concurrir en aquellos miembros del Gobierno de don Mariano Rajoy las expresadas circunstancias de reprobación, y en todo caso la de censura de todos y cada uno de ellos, el Gobierno presidido por don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha decidido proponer a S.M. el Rey el premio de condecorarles a todos ellos con la sólita gran cruz de la Orden de Carlos III -menos al presidente Rajoy y al ministro Montoro, que ya la habían recibido con anterioridad-. Y así se ha verificado mediante varios reales decretos fechados el 3 de agosto de 2018, según consta en el Boletín Oficial del Estado.

 Y estos hechos nos dejan perplejos, y nos suscitan algunas dudas y consideraciones.

¿Significa todo esto que el actual presidente del Gobierno ha querido premiar a sus adversarios políticos, a pesar de haber sido reprobados y censurados por el Congreso de los Diputados?

¿Significa todo esto que el actual presidente del Gobierno desprecia los acuerdos de reprobación y de censura tomados por la mayoría del pleno del Congreso de los Diputados?

¿Significa todo esto que, tras la derrota humillante de sus adversarios, el actual presidente del Gobierno ha querido escenificar de esta manera el perdón político de los vencidos?

 ¿Significa todo esto que el actual presidente del Gobierno prefiere hacer tamaño alarde de magnanimidad -de soberbia más bien- con el adversario vencido, al mantenimiento de sus propias reprobaciones y censuras hacia ellos, en ocasiones tan acres y tan virulentas?

Y es que, bien mirado, todo esto es bastante extraordinario, pues no parece muy lógico, sino que más bien es políticamente inadmisible, que en el ámbito de una democracia avanzada como lo es la española, se premie y se condecore a quienes han sido previamente reprobados por el Parlamento -Catalá Polo, Zoido Álvarez, Dastis Quecedo-, o bien a aquellos que han merecido tal censura parlamentaria por sus actos de gobierno, que ha causado su destitución fulminante.

Y es que una cosa es premiar y distinguir a los ministros que son relevados regularmente por haber perdido unas elecciones ordinarias -por ejemplo, también los ministros del Gobierno Rajoy de los años 2012 a 2016-, y otra muy distinta a los ministros que han merecido la censura pública de la Patria -de la Soberanía Nacional-, representada por la mayoría de los diputados a Cortes, y la automática destitución por su mal proceder político.

¿Cómo lucirán las condecoraciones tan poco merecidas los últimos exministros agraciados así? Más les valdría quizá guardarlas en un armario, al menos hasta que dentro de algunos años se haya olvidado la afrentosa censura patria…

 Quizá en el fondo, a más del desprecio de los propios actos parlamentarios por parte del actual presidente del Gobierno de España, lo que subyace bajo la graciosa e injustificada concesión de tan elevadas distinciones públicas, no es más que el desprecio gubernamental hacia el elevado carácter que, a tenor de las leyes vigentes, deberían tener nuestras más antiguas y respetables Órdenes nacionales.

 En fin, todo lo ocurrido me parece bastante sorprendente, e incluso, por qué no decirlo, lamentable.

Dr. Vizconde de Ayala